“MIGRACIÓN INDÍGENA Y OTROS MIGRANTES VULNERABLES”

Autoridades, representantes del mundo académico y profesional, compañeros y compañeras presentes en este encuentro.
En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores la oportunidad que me han brindado de estar aquí, aprendiendo de todos ustedes y compartiendo mis visiones y opiniones sobre los temas que nos convocan.

Como comentarista de la mesa dedicada a “Migración y derechos humanos”, y más concretamente del tema “Migración indígena y otros migrantes vulnerables”, se me ha pedido que aborde algunas cuestiones relevantes en el ámbito regional con el fin de animar el posterior debate colectivo. En esta situación, sería ilegítimo y muy pretencioso por mi parte tratar de asumir la portavocia de los cientos de miles de indígenas Latinoamericanos que se han visto obligados a abandonar sus territorios ancestrales por diferentes motivos. Por ello, he creído que lo único y lo mejor que podía hacer es hablarles desde lo que soy y puedo decir con verdad.

La segunda referencia básica de mi intervención es el propio documento de “Convocatoria” de este encuentro, que utilizo de guión y cuyo contenido trato de analizar desde la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas. En él se pone de manifiesto la preocupación que suscitan las actuales dinámicas migratorias entre los gobiernos iberoamericanos y se establecen los ejes básicos de una agenda regional que responda a los desafíos y oportunidades planteados por las mismas desde una visión positiva de la relación existente entre la migración y el desarrollo.

Pueblos indígenas, vulnerabilidad y emigración.

Los pueblos indígenas somos considerados con frecuencia grupos sociales especialmente vulnerables ¿Los somos en realidad? ¿Por qué? Es obvio que la respuesta a la primera pregunta es afirmativa. Sin embargo, si nos centramos en la segunda concluiremos necesariamente que esta vulnerabilidad es resultado de políticas y prácticas seculares de exterminio, despojo e integración forzosa en condiciones de dominación, explotación, exclusión y marginación. Los pueblos indígenas hemos sufrido por siglos y seguimos sufriendo una doble discriminación: la económica de la pobreza y la étnica de la negación de nuestros derechos y del valor de nuestra cultura. En consecuencia, los pueblos indígenas no somos vulnerables sino que soportamos situaciones de vulnerabilidad; no somos pobres sino que hemos sido empobrecidos.

Tales afirmaciones no han perdido validez en los últimos tiempos. Por el contrario, la aplicación de políticas de ajuste estructural de corte neoliberal no sólo han demostrado en la práctica su ineficacia sino que han conculcado el derecho al desarrollo de millones de personas. Por tanto la globalización y el libre mercado ha significado menos servicios públicos, menos oportunidades, posibilidades y expectativas y está generando más pobreza, exclusión, corrupción, incertidumbre, desconfianza y pago de deudas injustas. En este contexto, los pueblos indígenas seguimos sin poder ejercer nuestro derecho al auto desarrollo y al control y administración efectivo de nuestras tierras y territorios según nuestra cosmovisión. La falta de servicios sanitarios y de educación intercultural bilingüe, los procesos de aculturación, la cooptación organizativa, la imposibilidad de aplicar nuestros propios sistemas de representación e impartición de justicia, la explotación de nuestros recursos naturales por parte de empresas nacionales y transnacionales socialmente irresponsables, el desplazamiento forzoso, el despojo de las tierras comunales, la expansión del minifundio y, en general, la falta de políticas de reforma agraria y desarrollo rural están en la base de la realidad de pobreza en que vivimos cotidianamente. ¿A quién puede extrañar, por tanto, que las comunidades se despueblen y las familias emigren a las ciudades o el extranjero en busca de una vida más digna?

Situados en este punto, podemos preguntarnos qué relación existe entre emigración y vulnerabilidad. En mi opinión, la emigración refuerza la vulnerabilidad de los pueblos indígenas. La salida de nuestras Llaktas o comunidades rompe nuestro vínculo con la Pachamama “madre naturaleza”, favorece el abandono de las prácticas de trabajo colectivo, o mingas, y supone el inicio de una cadena de problemas sociales y afectivos en nuestras familias y con nuestros hijos. Dicho de otro modo, la emigración es un efecto de la vulnerabilidad que tiende a convertirse en causa de la misma. La emigración erosiona el capital social comunitario, pone a prueba todos sus mecanismos internos de cohesión y solidaridad y debilita las estructuras organizativas y al movimiento indígena en su conjunto.

En todo caso, no debemos cometer el error de confundir vulnerabilidad e incapacidad. Las situaciones de vulnerabilidad obligan al desarrollo de estrategias de supervivencia que generan fortalezas y capacidades. Entre éstas últimas destacan los grandes levantamientos de resistencia. Ante la imposibilidad de poner en práctica nuestras propias alternativas de desarrollo, los pueblos indígenas hemos demostrado históricamente nuestra capacidad de organización desde la identidad y para la resistencia y la lucha en defensa de la vida, la tierra y las libertades. Una capacidad puesta a prueba nuevamente por la diáspora que explica la fortaleza de las redes sociales que sustentan la emigración indígena.

Migración, derechos humanos y ciudadanía.

Los migrantes indígenas estamos donde estamos, luchando por sobrevivir dignamente, enfrentando circunstancias difíciles. Es indudable que la migración nos brinda la oportunidad de ampliar horizontes y mejorar nuestras condiciones de vida. Abandonamos nuestra tierra, pero a cambio ampliamos nuestras relaciones y podemos conocer otras sociedades y culturas y adquirir nuevos conocimientos y saberes que servirán en el futuro como aporte para la transformación de nuestras comunidades y pueblos. Estas nuevas oportunidades incluyen también la convivencia con otros pueblos indígenas. La reciente llegada de migrantes indígenas bolivianos a España, por ejemplo, nos sitúa ante la posibilidad inimaginada de tejer relaciones de solidaridad con otros pueblos del Tawantinsuyo también en el exterior.

Sin embargo, al principio todo se extraña. Las normas de convivencia de los países receptores son muy diferentes y, en ocasiones, complejas y difíciles de entender, sobre todo en los primeros meses. Las formas de vida urbana son muy distintas a las rurales y comunitarias de las que provenimos. La alimentación, la música incluso… No es tan sencillo cambiar el mote por el bocadillo, o la chaspishka y el sanjuanito por el reagetón.

Este choque cultural se ve reforzado por la discriminación existente en todos los ámbitos y practicada, salvo contadas excepciones, por todas las personas tanto españolas como extranjeras, inclusive por los mismos latinoamericanos o ecuatorianos que se encuentran en las mismas condiciones que nosotros. No es fácil acceder a una vivienda o beneficiarse de los servicios públicos de salud que nos corresponden. En el colegio no hay un ambiente de compañerismo y se mira con desprecio a nuestros hijos, ante estas dificultades de integración y la falta de un ambiente educativo los jóvenes pierden el interés por estudiar y optan por ir a trabajar y sumándose fácilmente a los patrones de vida y consumo locales. Por paradójico que resulte, en los municipios donde vivimos nos resulta difícil poder acceder a instalaciones deportivas, locales culturales y festivos, etc. en condiciones, un problema sencillo de resolver que sin duda mejoraría significativamente nuestros procesos de integración social. Con independencia de tu nivel académico y profesional, no puedes conseguir trabajo fácilmente y sólo para el campo, la obra o, si eres mujer, el cuidado de ancianos y niños. Y para lograrlo y/o mantenerlo, muchas veces hemos de pagar un precio que incluye la aceptación de vejaciones, insultos y un despido prácticamente libre. La acción sindical sigue siendo insuficiente e inadecuada, a pesar del interés de las organizaciones sindicales por ampliar sus servicios y afiliar a los inmigrantes. Finalmente, los migrantes tenemos dificultades para ejercer nuestro derecho al voto en origen, un derecho que al mismo tiempo se nos niega en destino. Desde este punto de vista, nuestra ciudadanía es parcial e incompleta.

Al mismo tiempo, los migrantes indígenas estamos sufriendo específicamente procesos de aculturación sin precedentes. Salvo en los casos de fuerte conciencia de la propia identidad, corremos el riesgo de perder nuestra cultura y nuestra lengua en una sola generación. Para los pueblos indígenas, la migración replantea en nuevos términos transnacionales el reto del ejercicio del derecho colectivo a la identidad y la cultura propias y sitúa a los estados tanto de origen como de destino ante la responsabilidad de asegurar la conservación de este patrimonio de la humanidad. Sin duda estamos ante un reto complejo, cuya superación requerirá un conjunto de políticas de mediación e integración educativa, comunicación y sensibilización social, etc. El reconocimiento y convalidación de las titulaciones de educación intercultural bilingüe obtenidas por muchos migrantes indígenas en sus países de origen podría ser una medida que contribuyese a este fin con la directa participación de sus propios actores.

A pesar de todo ello, no podemos olvidar que todavía hay gente que está peor que nosotros. A diferencia de otras personas pertenecientes a otros pueblos y procedentes de otros continentes, los indígenas indo americanos no tenemos que jugarnos la vida, al menos por el momento, con el fin de poder formar parte de las sociedades de la abundancia.

En definitiva, la migración es un derecho fundamental de todas las personas y pueblos y, por tanto, las políticas de defensa de los derechos humanos de los migrantes no pueden limitarse a la erradicación de las modalidades más inhumanas de desplazamiento y a la protección de los grupos más vulnerables sino que deben ampliar su radio de acción y asegurar su integralidad. La búsqueda activa de la coherencia de políticas y la coordinación de actuaciones entre todas las entidades públicas y privadas con competencias en la materia tendrían que ser tomadas en cuenta a la hora de establecer una agenda política que garantice el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas migrantes. El intercambio de buenas prácticas y, en general, la generación de sinergias entre las políticas internas e internacionales de integración de las migraciones podrían ser medidas adicionales que favoreciesen el logro de dicho objetivo.

La mejora de la gobernabilidad de los flujos migratorios.

Las medidas de buen gobierno de los flujos migratorios propuestas en este encuentro tienen por objetivo fundamental la canalización ordenada y regularizada de los mismos. Pero ¿cómo regular un éxodo masivo de la pobreza y la injusticia? ¿Cómo conjugar la regularización con el respeto de los derechos humanos? La respuesta que se nos da parte de una lógica económica determinada por las necesidades del mercado, que convierte a las personas migrantes en mercancía, en mano de obra, y apuesta por el control burocrático que suponen los procesos de regularización administrativa. Tal vez ésta sea la única lógica posible a corto plazo, pero no por ello es menos injusta. Venimos a vender nuestra fuerza de trabajo y a generar riqueza y se nos responde que no tenemos papeles.

Regularizaciones, renovaciones de permisos, denegaciones, repatriaciones… Todo ello provoca incertidumbre e inquietud, situaciones familiares dramáticas, gasto de tiempo y recursos, etc. y en la medida que genera ilegalidad, recarga las ya tensionadas redes informales de solidaridad sobre las que descansa la migración.

Desde esta perspectiva, cualquier propuesta de regularización, incluidas las temporales con incentivos para el retorno, debería garantizar el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar, establecer procedimientos administrativos ágiles, económicos y accesibles tanto en origen como en destino y considerar ampliamente las necesidades del mercado de trabajo y el hecho de que los migrantes también generan nuevos mercados y amplían y modifican los existentes.

Migraciones y desarrollo.

La agenda de los estados iberoamericanos incluye también una serie de medidas encaminadas a hacer de la migración un factor positivo de desarrollo para los países de emisión y recepción.

Entre las mismas destaca, en primer lugar, la calificación de las personas migrantes. Dicha calificación es muy necesaria, pero su factibilidad está fuertemente condicionada por dos circunstancias: las dificultades para acceder a la capacitación misma, como consecuencia de las largas e irregulares jornadas de trabajo, la movilidad laboral y la necesidad insoslayable de obtener ingresos, y la práctica imposibilidad de homologación de los títulos académicos obtenidos en origen. En consecuencia, si queremos capacitar desde la diversidad, se necesitan mayores facilidades para convalidar los títulos, unos planes de estudios que tomen en consideración las necesidades en origen y las especificidades socioculturales de los destinatarios y una oferta formativa más amplia y flexible que incluya tanto la calificación profesional como la educación de adultos.

La segunda política que se propone pasa por la mejora del tratamiento de las remesas y el despliegue de todas sus potencialidades como factor de desarrollo. En los últimos años los migrantes hemos asistido a este auténtico boom de las remesas con una mezcla de escepticismo y desconfianza. Ciertamente la puesta en marcha de políticas de mejora de la transparencia e incremento de la competencia, de reducción de costes, de ampliación de la cobertura de la red de envíos, de diversificación de los servicios financieros asociados, etc. será positiva. Sin embargo, todas estas medidas de apoyo y facilitación resultarán parciales mientras en origen no se mejoren sustancialmente los contextos institucionales, sociales y económicos de los que depende la viabilidad de las posibles inversiones de los migrantes y sus familias. En el caso de los pueblos indígenas, dichas inversiones adquieren pleno sentido en la medida que contribuyan a fortalecer procesos de desarrollo comunitario con identidad y visión propias.

En tercer lugar, tendríamos que seguir reflexionando sobre los motivos que explican las bajas tasas de retorno de los migrantes. Es posible que esta tendencia pueda revertirse en parte con incentivos en destino, pero las causas fundamentales hay que buscarlas en la reagrupación familiar y en la falta de las condiciones mínimas necesarias en origen. Al mismo tiempo, sería conveniente fomentar las distintas modalidades de retorno y no sólo la personal, sea individual o familiar, cíclica o definitiva, poniendo en práctica políticas que faciliten el intercambio y la comunicación de ideas, conocimientos y técnicas.

La última línea de actuación consiste en intentar vincular a los migrantes y sus familiares en acciones de desarrollo en origen. Obviamente nos estamos refiriendo al llamado codesarrollo, un sugerente esfuerzo teórico por vincular positivamente las migraciones y el desarrollo cuyo auténtico valor vendrá confirmado, o no, a medida que las incipientes prácticas actuales vayan generando aprendizajes y buenas prácticas replicables. En todo caso, su puesta en práctica choca con múltiples dificultades de todo tipo, incluido el lícito desinterés de los migrantes por implicarse en acciones que beneficien a sus países de origen.

En el caso de los pueblos indígenas, existen algunos elementos de partida que pueden situarnos en mejores condiciones a la hora de impulsar este tipo de iniciativas. Entre ellos destaca especialmente la fortaleza de nuestras redes de solidaridad, fundamentadas en nuestra condición de pueblos indígenas y en unos lazos familiares y de vecindad en origen que se recrean en destino a través de la tendencia a la concentración geográfica de la residencia. Adicionalmente, algunos de nosotros contamos con una destacable experiencia organizativa previa, nos sentimos en deuda con el ejemplo de nuestros mayores y estamos comprometidos con los movimientos indígenas y populares que defienden la vida en comunidad desde nuestra identidad y visión del desarrollo. Todo ello nos aporta cohesión interna, voluntad de autoorganización y referentes propios en origen. No pretendo con estas afirmaciones idealizar las capacidades indígenas, ni plantear que las mismas son una garantía de éxito para la integración y el codesarrollo, sino, simplemente, subrayar la existencia de una serie de factores objetivos con los que los migrantes indígenas podemos enfrentar las dificultades que encontramos a la hora de ejercer nuestro derecho de organización.

La Asociación de indígenas ecuatorianos residentes en la Comunidad Valenciana, INTI ÑAN es un buen ejemplo de ello. Constituida por un colectivo de familias pertenecientes al pueblo Kichwa Saraguro, surge con el fin de contribuir a la defensa de los derechos humanos y la mejora de las condiciones de vida de los y las migrantes residentes en la Comunidad Valenciana. Para ello, se constituye como una organización democrática, independiente y plural que asume los ejes vertebradores de la agenda política del movimiento indígena ecuatoriano, entre ellos la unidad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas (indígenas, afrodescendientes, mestizos y blancos) en la lucha contra cualquier tipo de iniquidad social, económica y cultural. De ahí que su identidad indígena no implique falta de apertura a todas aquellas personas que se identifiquen con nuestros fines institucionales.

Entre los objetivos que nos planteamos destacan la defensa, información y asesoramiento de nuestras asociadas y asociados, el fomento de la convivencia y la interculturalidad, la conservación de la lengua y la cultura de los pueblos indígenas ecuatorianos y el impulso de acciones de codesarrollo y comercio justo para el desarrollo de nuestras comunidades de origen.

Para la consecución de estas metas, hemos venido trabajando desde nuestra constitución en colaboración con diferentes entidades de la Comunidad Valenciana, entre las que cabe destacar a la ONGD ACSUR Las Segovias. En efecto, INTI ÑAN ha elaborado con el apoyo de esta asociación de solidaridad internacional el programa de codesarrollo WIPALA, que constituye el marco estratégico de referencia de todas nuestras intervenciones en el ámbito tanto de la integración como de la cooperación internacional. En síntesis, el programa tiene como principal finalidad fortalecer un proceso organizativo que nos permita poner en práctica las siguientes líneas generales de actuación:

1. Fomento del asociacionismo entre inmigrantes indígenas ecuatorianos.
2. Inserción laboral y auto-empleo.
3. Vivienda.
4. Servicios sociales, educativos, culturales y recreativos.
5. Sensibilización, educación y trabajo social para la interculturalidad.
6. Mantenimiento de flujos, vínculos y redes transnacionales.
7. Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Dentro de éste último ámbito de intervención, INTI ÑAN ha definido conjuntamente con las organizaciones representativas del movimiento indígena ecuatoriano y entidades indígenas especializadas como la Fundación JATARI, las siguientes líneas de actuación prioritaria:

1. Incremento de las fuentes de trabajo e ingresos: producción agrícola (tecnificación, riego y diversificación productiva), forestación y reforestación, producción pecuaria, piscicultura, producción artesanal y turismo comunitario.
2. Mejora de los sistemas de comercialización locales, nacionales e internacionales, con especial atención a los circuitos del Comercio Justo.
3. Acceso a crédito.
4. Utilización de las remesas en el desarrollo comunitario.
5. Educación Intercultural bilingüe.
6. Capacitación y formación profesional.
7. Mejora de los servicios sociales básicos comunitarios.
8. Fortalecimiento organizativo.

Gracias a todo este esfuerzo y como reconocimiento del mismo, INTI ÑAN ha logrado que distintas instituciones públicas y privadas valencianas apoyen algunas de sus acciones. Más recientemente, INTIÑAN ha sido seleccionada por la Agencia Española de Cooperación como entidad cogestora, junto con ACSUR Las Segovias del País Valencià, de una experiencia piloto de remesas para el desarrollo en Ecuador, coherente con la perspectiva de codesarrollo española e integrada en el marco de la Iniciativa contra el Hambre y la Pobreza (IHP).